Comments (0) Marcha el sábado 18 de septiembre de Plaza Moreno a Plaza San Martín, 17 hs.
Reunión del Espacio de Coordinación de los 4 años: martes 18 hs. en Zaragoza.
Marcha el sábado 18 de septiembre de Plaza Congreso a Plaza de Mayo,
Reunión de M,VyJ, martes 18:30 hs, Liberpueblo, Rivadavia 2206 5º A.
Justicia YA! La Plata
INFORME REUNIÓN ENCUENTRO MVyJ MARTES 24 DE AGOSTO 2010
Actividades
1-Martes 31 de agosto: Familiares, amigos y compañeros de víctimas del gatillo fácil y la represión estarán en el Congreso para exigir la formación de una Comisión Bicameral para investigar a las fuerzas públicas.
2-Jueves 2 de setiembre: La comunidad educativa del Profesorado Joaquín V González, realizará un acto en la puerta del Profesorado, Ayacucho 632, en repudio a la persecución que sufren por reclamar contra una reforma del plan de estudios inconsulta.
(Cristian Jurado, Pte. del Centro de Estudiantes; Patricio Finoli, Consejero directivo y Mariano Rodríguez Otero, docente y director de la Carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras han sido procesados por causas contravencionales).
3- Lunes 6 de setiembre: El comité por el cese de persecución a Martino convoca a una movilización a la Secretaría de Derechos humanos ( Concentración: 11:30 hs en Callao y Corrientes, 12:00 hs en el Obelisco).
4-Aclaración: En el informe anterior avisamos sobre el acto que se realizaría en homenaje a los Héroes de Trellew y omitimos nombrar a sus organizadores. El acto fue organizado por la Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios. Pedimos disculpas a los compañeros por la omisión.
Resoluciones con respecto a la Marcha por el cuarto aniversario de la segunda desaparición de Julio López :
1- Finanzas: Se acordó un aporte de $200.- para las organizaciones chicas y $400.- para las organizaciones grandes. Este sería el aporte mínimo para poder afrontar los gastos de difusión de la marcha. Pedimos a las distintas organizaciones que acerquen su aporte a la próxima reunión del Encuentro.
2- Documento y Consigna principal: Se definirá la consigna principal de la marcha en la próxima reunión del Encuentro, dónde también se acordarán las ideas a desarrollar en el documento. Con este último objetivo reproducimos al final de este mail una declaración de los compañeros de Hijos La Plata al cumplirse 47 meses de la segunda desaparición de Julio López y recordamos el conjunto de consignas que fueron acordadas en la plenaria del Encuentro del 9 de junio:
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS.
(Roberto Martino, Karina Germano López, José Villalba)
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS LUCHADORES POPULARES.
BASTA DE PATOTAS SINDICALES Y PARAESTATALES.
NO A LA POLICÍA METROPOLITANA Y DEMÁS FUERZAS REPRESIVAS.
NO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
BASTA DE GATILLO FÁCIL.
BASTA DE REPRESIÓN, TORTURA Y ASESINATOS DE JÓVENES EN LOS BARRIOS EN MANOS DE LAS FUERZAS POLICIALES, MUNICIPALES, PROVINCIALES Y FEDERAL.
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.
CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINATOS DE CARLOS FUENTEALBA, LÁZARO DUARTE Y SILVIA SUPPO.
A CUATRO AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ
SÁBADO 18 DE SETIEMBRE 15 HS
MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO
PRÓXIMA REUNIÓN DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA :
MARTES 31 DE AGOSTO 18:30 HS RIVADAVIA 2206 5º A
AEDD en EMVyJ
DECLARACIÓN HIJOS LA PLATA:
JORNADA A 47 MESES DEL SECUESTRO DE LOPEZ
En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaría 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.
Sus valientes y lúcidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al genocida Etchecolatz, uno de los peores represores de la Bonaerense del coronel Camps. Lopez fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.
Desde HIJOS denunciamos reiteradamente las irregularidades que hubo en la causa por el esclarecimiento de este hecho. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad, recordamos que:
* El entonces Ministro del Interior Aníbal Fernandez dijo que el compañero se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”.
* El Gobernador de la Provincia , el hoy “opositor” Felipe Solá encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura; así como el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición.
* A la Presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema cuando habla de “avances” en materia de Derechos Humanos.
* A la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero en una “averiguación de paradero”, como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido.
* A la Justicia Federal que siguió las pistas más alocadas, que realizó allanamientos tardíos e irregulares, que no investigó a ninguno de los denunciados por Lopez en su declaración en el juicio a Echecolatz, (Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce y Aguiar).
* Al Juez federal Arnaldo Corazza que cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, se excusó de seguir actuando.
* Al Dr. Humberto Blanco, nuevo juez, que apartó a la Secretaría especial y dejó otra vez la causa paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo.
La historia nos ha enseñado que, en la mayoría de los casos, las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o para policiales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fueron y son un hecho político. El mensaje de este crimen tiene múltiples funciones, por un lado es un aviso al gobierno para que suspenda los juicios a los genocidas, y por otro de amedrentamiento de los testigos en los juicios, y un intento de volver a sembrar el terror y la pasividad en la sociedad toda.
Rechazamos la actitud pasiva, y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad con los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento. Dentro de la Policía Bonaerense continúan existiendo efectivos en actividad que fueron parte del terrorismo de Estado. Mientras, el pretendido “gobierno de los Derechos Humanos” no tiene un solo imputado en la causa López, y sigue predicando el cierre de los juicios a unos pocos genocidas en 4 años para utilizar el tema en función de sus tiempos políticos.
El único “avance” que se dio este año en la causa fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado como testigo porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. Se sabe que Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López, y que visitó a este genocida en la cárcel del Marcos Paz en al menos dos oportunidades, según constataron los investigadores de la causa. Falcone tiene 66 años, y pasó a retiro en octubre de 2005. En la declaración se le preguntó en relación al Volkswagen Gol color azul metalizado, sin patente y oxidado, secuestrado el 13 de enero de 2009 en su casa de Mar del Plata. El auto era robado, y el médico policial explicó que se lo habían prestado y “no sabía que era robado”. Obviamente negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
A 6 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó algunos juicios con condena firme en todo el país. Reconocidos represores como El Turco Julián, Etchecolatz, Von Wernich, Menéndez, Bussi, Olivera Rovere fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.
Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Por todo esto denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.
A 47 meses años del secuestro y desaparición de
Jorge Julio López seguimos exigiendo:
- APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA, LUCIANO GONZALEZ (Corcovado) Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS SECUESTROS.
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS DE LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS.
- BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO. FUERA LA POLICÍA Y LA GENDARMERÍA DE BARILOCHE.
- CESE DE LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN. DESPROCESAMIENTO O AMNISTÍA DE LOS PRESOS POLITICOS.
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
En la Plata: Marcha el sábado 18 de septiembre de Plaza Moreno a Plaza San Martín, 17 hs.
Reunión del Espacio de Coordinación de los 4 años: martes 18 hs. en Zaragoza.
En Capital Federal: Marcha el sábado 18 de septiembre de Plaza Congreso a Plaza de Mayo,
Reunión de M,VyJ, martes 18:30 hs, Liberpueblo, Rivadavia 2206 5º A.
ACTIVIDADES
-20/8 18 hs Acto Homenaje a los Héroes de Trellew-Av. La Plata 150-CABA.
-6/9 por la mañana una delegación de organismos del Encuentro visitará a Roberto Martino en el marco de la campaña para exigir su libertad.
RESOLUCIONES
1-Se discutió y aprobó una declaración en repudio a un nuevo proyecto de ley antiterrorista presentado en la Cámara de Diputados. (Al pie de este mail se reproduce la Declaración del EMVyJ).
2- Para la preparación de la Marcha por el 4º aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López se acordó el envío de una gacetilla de prensa anunciando la marcha y convocando a su preparación para el próximo martes, día en el que se discutiran las consignas y los puntos principales del documento.
A CUATRO AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ
SÁBADO 18 DE SETIEMBRE 15 HS
MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO
PRÓXIMA REUNIÓN DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA :
MARTES 24 DE AGOSTO 18:30 HS RIVADAVIA 2206 5º A
AEDD en EMVyJ
COMUNICADO EMVyJ CONTRA EL NUEVO PROYECTO DE “LEY ANTITERRORISTA”:
NO AL NUEVO PROYECTO DE “LEY ANTITERRORISTA”
En una propuesta que implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social referentes de la oposición firman un proyecto que endurece la legislación represiva en la Argentina y redobla el sometimiento a la política internacional de EE.UU. en continuidad con la política abierta por el oficialismo con las nefastas Leyes Antiterroristas de los años 2005 y 2007.
Este proyecto surge como culminación del 4º Encuentro de Lucha contra el Terrorismo que sesionó en Buenos Aires los días 14 y 15 de julio. El evento fue próvido y organizado oficialmente por el congreso Judío Latinoamericano como actividad previa al acto oficial del 16º aniversario del atentado a la AMIA y participaron como disertantes el Juez Garzón y el fiscal Nisman.
COMUNICADO ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Utilizando como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, los máximos dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de Ley Antiterrorista. Lleva las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Roy Cortina, Juan P. Tunessi, Juan C. Vega, Lidia Satragno, Elisa Carrió, Adrián Pérez, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich y Felipe Solá.
Esta iniciativa parlamentaria reviste suma importancia para todas las organizaciones políticas, obreras, populares y defensoras de los derechos humanos. Con la aprobación de esta ley se permitiría que una metodología de reclamo tan extendida como el corte de ruta pueda ser calificada como “acto terrorista”.
Decimos que este proyecto implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social porque, como hemos venido denunciando, hoy ya se utilizan figuras gravísimas del Código Penal, para intentar acallar las protestas y reclamos: los trabajadores que toman una fábrica son acusados de privación ilegítima de la libertad, los delegados de trabajadores en lucha son acusados de coacción, los trabajadores que enfrentan a patotas para-estatales son acusados de daños y lesiones.
De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional.
En su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como actos terroristas.
En su artículo 2º el proyecto, tal cual lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del Congreso, avanza en definir cuales serían las organizaciones “terroristas”. Toda organización que lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas tipificadas en el artículo 1º con la intención de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”. De esta manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización terrorista a toda organización de estatales que pretenda que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por supuesto los organismos de derechos humanos que durante años y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En los fundamentos de este proyecto de ley se aclara que se intentan escandalosamente igualar las acciones que pretende condenar, con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Otra vez entonces, se pretende imponer la teoría de los dos demonios, que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Decimos, una vez más que, antes el gobierno y ahora parte de la oposición, utilizan el atentado a la AMIA para justificar sanciones de leyes represivas, bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, cuando es el propio Poder Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables, negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de EE.UU. e Israel. Mientras al mismo tiempo, se mantiene detenido a Roberto Martino, acusado falsamente de antisemitismo, por ser parte de una movilización que condenaba al terrorismo del estado de Israel contra el pueblo palestino.
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
INFORME REUNIÓN EMVyJ MARTES 10 DE AGOSTO DE 2010
Compañeras y compañeros:
En la última reunión del Encuentro se discutieron los siguientes temas:
1) Actividades para continuar con la campaña contra la criminalización de la protesta.
2) Organización de la Marcha al cumplirse el 4º aniversario del segundo secuestro de Jorge Julio López.
3) Comunicado de Prensa por la disolución de la Policía Metropolitana.
4) Comunicado y adhesión al acto que se realizará en Bariloche el 17 de agosto al cumplirse dos meses de los asesinatos de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.
5) Declaración y acciones en repudio al proyecto de ley “ para tipificar el terrorismo internacional” presentado en el Congreso Nacional en las últimas semanas.
A continuación resumimos lo discutido y acordado para cada uno de estos puntos:
1) Para continuar con la Campaña contra la criminalización de la protesta se acordaron distintas actividades en cuanto a difusión: realización de spots radiales y televisivos para ser pasados en distintos medios alternativos, gacetillas de prensa periódicas para comunicar las novedades, creación de un grupo de representantes de organismos que comenzaran una campaña de recolección de datos sobre judicialización de la protesta social para organizar las posteriores denuncias. Como parte de la campaña para exigir la libertad de Roberto Martino se acordó pedir una visita a la cárcel para una delegación con la mayor cantidad posible de organizaciones del Encuentro tratando de asegurar su difusión para pedir por su libertad.
2) La Marcha por el cuarto aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López se realizará el sábado 18 de setiembre a las 15:00 desde Congreso hasta Plaza de Mayo.
3) Se aprobó un comunicado de prensa exigiendo la disolución de la Policía Metropolitana que se reproduce al final de este mail.
4) Se aprobó que, en base al último documento del Encuentro, la AEDD redactaría un declaración de solidaridad con los familiares de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco y el pueblo de Bariloche. Una vez redactada, la declaración será envíada por mail a todos los firmantes del último documento y aquellos que no quieran adherir deben comunicarlo a la dirección electrónica del Encuentro.
5) Con respecto a la ley “ para tipificar el terrorismo internacional” presentada en el Congreso Nacional por León Arslanian, debido a la extensión de la reunión, quedó como primer tema a ser tratado en la próxima reunión del Encuentro.
PRÓXIMA REUNIÓN DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
MARTES 17 DE AGOSTO 18:30 HS
RIVADAVIA 2206 5º A
AEDD en EMVyJ
GACETILLA DE PRENSA
POR LA DISOLUCIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, nos pronunciamos por la inmediata disolución de la policía Metropolitana.
La “flamante” policía Metropolitana, creada por Macri con el apoyo y los votos del kirchnerista Frente para la Victoria, el Partido Socialista, Autonomía con Igualdad y el Encuentro Progresista, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la Federal y represores de la época de la Dictadura, que generaron, a instancias del Gobierno de la Ciudad, una red de espionaje contra dirigentes populares y opositores.
Si no bastaba con los casos de espionaje de Ciro James y del “Fino” Palacios, ahora debemos sumarle la detención del comisionado mayor Rodrigo Simón (al que le encontraron granadas y drogas), con lo cual se confirma que la “nueva” policía de Mauricio Macri tiene las mismas prácticas de la Federal y todas las policías: espionaje, represión, coimas a prostíbulos y drogas.
No necesitamos esta policía para vivir mejor en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que exigimos su inmediata disolución.
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Compañeras y compañeros:
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia vuelve a reunirse el martes 10 de agosto a las 18:30 hs. En un próximo mail confirmaremos el lugar de reunión.
Saludos
AEDD en EMVyJ
Click aquí para descargar Documento
Documento de la marcha del 23 de julio contra la criminalización de la protesta social.
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Estamos nuevamente en esta Plaza para denunciar la creciente criminalización de la protesta social con la que el gobierno responde a las luchas populares que recorren la Argentina.
La criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan para exigir la resolución de sus necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.
Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de 5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.
A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.
La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores. Impulsan la entrega y extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos fundamentales al trabajo, a un salario y jubilación que se igualen al costo de la canasta familiar y a la defensa de educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.
Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.
En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.
Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos, por el gobierno, como defensores de una “causa nacional” a ser tratados como delincuentes.
Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad, a los medios de comunicación y a la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular. En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno nocional la situación es la misma. En Catamarca, el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. En la Ciudad de Bs. As. el machismo, con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos, expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.
La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.
Gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo dignas o enfrentan despidos y suspensiones, pretenden ser amedrentadas utilizando una justicia cómplice, que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.
Este es el caso del conflicto Kraft–Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores: Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario y otros delegados y activistas obreros, demostrando la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.
Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.
El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.
Los ferroviarios de la línea Sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Pero la persecución continúa: pesan sobre ellos otras causas.
Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP junto con militantes, que apoyaron solidariamente su lucha, contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco
Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.
Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente Pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete.
En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.
Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA y contra diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también el caso de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft –Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.
Asimismo, recientemente Estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.
Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta. Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.
Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobich en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Juan Carlos Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión, gracias a las gestiones de la Embajada Israelí y recientemente absuelto y de Rubén Saboulard, que continúa procesado.
O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones contravencionales contra Christian Castillo.
Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Hoy exigimos la inmediata libertad de Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA.
En la madrugada de ayer fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno JUAN MANUEL ALISTE VEGA, en una maniobra entre el presidente chileno y Cristina Fernández que, violando la legislación nacional e internacional, entregaron al compañero para que sea juzgado por un tribunal militar.
Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales.
Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.
La juventud no sólo sufre el gatillo fácil y la tortura sino la impunidad como en el caso de la masacre de Cromañón.
Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.
Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.
Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Este fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad de la que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.
La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.
El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.
Hoy nos movilizamos porque estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible que nuestro pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, vea amenazadas libertades básicas como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.
Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.
La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de DDHH se niegan a despenalizar la protesta.
Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.
No a la criminalización de la protesta social!
Libertad a los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba)
Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares!
Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios!
15 de julio de 2010
GACETILLA DE PRENSA
Contra la criminalización de la protesta social,
marchamos el 23 de julio de Congreso a Plaza de Mayo
En el marco de la campaña que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia ha lanzado contra la creciente criminalización de la protesta social convocamos a participar de la movilización que se realizará el día 23 de julio de Congreso a Plaza de Mayo para terminar con la persecución a los luchadores populares.
Concentramos a las 17:30 hs en Plaza Congreso.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
(Roberto Martino, Karina Germano López, José Villalba)
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS LUCHADORES POPULARES.
BASTA DE REPRESIÓN, ASESINATOS Y TORTURAS A LOS JÓVENES EN LOS BARRIOS.
Contactos de Prensa:
-1569703562 (LIBERPUEBLO)
-1553372868 (AEDD)
1) SOLICITADA CONTRA PERSECUCIONES EN KRAFT
Reenviamos solicitada de denuncia por persecuciones a los trabajadores de Kraft, a pedido de los cros del Ceprodh.
Por favor manden sus firmas a: myriambregman@yahoo.com.ar
SOLICITADA
Los abajo firmantes denunciamos persecuciones a los trabajadores de Kraft mediante juicios de desafuero, causas penales, persecuciones contra quienes son solidarios con su lucha y trabas para el libre ejercicio de los Derechos Sindicales. Exigimos que se retiren los juicios de desafuero y las causas penales a Javier Hermosilla de la actual Comisión Interna y de Arcadio Alfonso, Ramón Bogado, Jorge Penayo y María Rosario de la anterior Interna. Al mismo tiempo denunciamos la existencia de causas penales contra los mismos compañeros y contra 60 trabajadores y estudiantes solidarios que fueron detenidos el 25 de septiembre de 2009 cuando fue desalojada la fábrica. Exigimos también la absolución inmediata de estos compañeros y de los 3 dirigentes estudiantiles de la UBA para los que la fiscalía pide el encarcelamiento por participar de los cortes que se hicieron en solidaridad con los trabajadores de Kraft en Capital Federal.
Esta empresa, que realizó despidos masivos e ilegales ahora le niega a los miembros de la Comisión Interna el derecho a ingresar a la planta por fuera de su horario de trabajo, como era de costumbre y se hacía desde hace años. De esta forma se intenta vulnerar el libre ejercicio de la libertad sindical, cuestión que se agrava con la falta de reconocimiento de los delegados de sector electos por los trabajadores. Reclamamos que a la Comisión Interna se le permita ingresar a la planta en los distintos turnos, el reconocimiento de los Delegados de Sector elegidos por los trabajadores y la reincorporación de los trabajadores ilegalmente despedidos.
2) REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES DE HAS
Reenvíamos saludo de los trabajadores de HAS
Con satisfacción queremos comunicarles que después de 1 mes de lucha hemos logrado la reincorporación de los delegados y activistas despedidos por la empresa HAS.
No fue fácil derrotar a esta patronal acostumbrada a pisotear todos los derechos laborales de nuestro país.
Pero la movilización, los más de 4 cortes de costanera y la solidaridad recibida lo hicieron posible.
Saber que no estábamos solos, las invaluables muestras de solidaridad como la de ustedes fueron fundamentales para no bajar los brazos y hoy frente a la amenaza del corte del próximo viernes la empresa debió retroceder con los despidos.
No queremos dejar de agradecer tu colaboración, y nuestro compromiso de honor es estar a partir de este día con los que luchan, ahora somos nosotros quienes nos ponemos a tu disposición.
DELEGADOS Y TRABAJADORES REINCORPORADOS DE HAS AEROPARQUE
3)FESTIVAL CONTRA EL GATILLO FÁCIL
CUMPLIRÍA 18 AÑOS RUBÉN CARBALLO
SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA POR TODOS LOS JÓVENES ASESINADOS.
BASTA DE IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES: POLICÍA, POLÍTICOS, JUECES Y FISCALES.
CESE DE PERSECUCIONES Y CIERRE DE TODAS LAS CAUSAS A LOS QUE LUCHAN.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS.
AEDD EN EMVyJ
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